Entrevista con Armando Martínez, Director del Archivo General de la Nación

“Para poder vivir, una nación necesita olvidar y necesita recordar. Pero resulta que los recuerdos son construidos”

Se dice que hemos producido más información en los últimos 30 años que en los pasados 5 mil, o algo similar. Mientras que gobiernos y empresas ven en este extravagante archivo un sabio consejero de dominación mundial, ciudadanos y desterrados usan los datos para interpelar el poder político, y redefinir en términos propios su identidad.

Toda época de represión nos exige que aspiremos, al menos, a dar otros sentidos al legado histórico que se custodia en los archivos estatales y nos determina, en parte, en la cultura. Es una negociación implícita con la memoria, y una especie de responsabilidad del presente con el futuro, y con el futuro del pasado.

¿De qué manera se concibe entonces la información pública en Colombia? Armando Martínez, Director del Archivo General de la Nación, cuenta cómo nacen y perecen documentos; cuáles son reservados; qué se registra de las minorías; relatos de saqueos de datos privados e historias de vigilancia de Estado.

No hace mucho asumió el cargo como Director del Archivo General de la Nación. ¿Qué es un archivo público?

Armando Martínez: Toda actividad administrativa que hacen los seres humanos genera documentos, y esos documentos tienen una vida. Toda actividad humana, no solamente el estado.

Si yo administro un amor con una mujer, yo le escribo cartas. Eso genera un archivo epistolar. Si yo administro una tienda en la esquina, genera cuadernos de deudas de los clientes. Cualquier cosa. Si yo me enfermo, genero un documento que se llama historia clínica. Ese archivo tiene un ciclo. Al comienzo uno va seleccionando y define lo que quisiera que fuera permanente para legar a los nietos. Es lo que llamamos patrimonial, lo que uno considera no debería ser nunca destruido. Entonces un archivo es el testimonio de la actividad de todos los seres humanos que él u otra persona va decidiendo qué debe quedar para la posteridad.

La parte intermedia se llama archivos centrales o centralizados, y la otra que uno maneja es el archivo de gestión. Entonces en ese flujo vital de la documentación hay 3 momentos importantes: el momento en que uno genera el documento, lo acaba de firmar; el momento en el cual ya uno lo pierde de vista, pero va a un archivo central, y luego la parte que se vuelve patrimonial.

¿Por qué una persona, una institución o el Estado necesita tener documentos patrimoniales?

AM: Porque es la manera como las siguientes generaciones se pueden apropiar de lo que aconteció. Yo tengo dos nietos y son australianos. ¿Cómo hago para que ellos se apropien del pasado colombiano de su abuelo, de su papá? Creándoles un archivo, fotográfico, en papel. Yo hago un archivo para mis nietos porque ellos necesitan apropiarse de su pasado colombiano. Yo hice una historia de mi familia porque necesitaba apropiarme de mi pasado español. Mi familia quiere saber nosotros de dónde venimos, por qué hablamos castellano, por qué nos llamamos Martínez. Entonces los archivos son la posibilidad de que uno se apropie de su legado personal o de su legado nacional.

¿Cómo maneja el archivo público el Estado colombiano?

AM: El Estado colombiano es un Estado muy memorioso porque ha dejado huellas de todo lo que ha hecho. Yo soy el custodio de 130 millones de folios que son el legado de la Nación, o sea, de la Secretarías de Estado y de las instituciones nacionales. Y a eso hay que sumarle los legados regionales. Pero si el Estado en 200 años dejó 130 millones de folios permanentes, porque en el camino se perdieron muchos, quiere decir que es un estado memorioso.

Yo fui profesor 25 años en la UIS [Universidad Industrial de Santander] y los estudiantes de 16 y 17 años me decían que en Colombia no hay Estado. Yo los traía aquí y les decía “¿Cómo que no hay Estado? ¿Quién produjo 130 millones de folios? El Estado y sus secretarías.

Si tú vas hoy a la sala de investigadores vas a ver un grupo de la Universidad Nacional sede Medellín que están aquí desde hace tres días. Y el profesor los tiene leyendo los papeles del DAS. La buena parte de los archivos del DAS son informes sobre los ciudadanos que enfrentan al Estado. Y están leyendo esos informes de 1960 donde se dice qué estaban haciendo los estudiantes de la Universidad de Antioquia, cuántos buses quemaron, qué hacían los profesores, qué hacía Pedro León Arboleda. Y son informes que hacen detectives encubiertos para el director del DAS para que el Estado sepa qué fechorías están haciendo los estudiantes antioqueños en los años ’60. Eso significa que hubo un Estado que no le quitaba los ojos de encima a los que estaban atentando contra la seguridad y la soberanía estatal. Esos chinos han tenido una experiencia de que el Estado sí existe, y que el Estado los estaba viendo.

¿Y qué de todo esto que se documenta para la historia, la posteridad, hace referencia a los movimientos sociales que han hecho contrapoder en el país?  

AM: Todo está mirado. O sea, el Estado tiene como función vigilarlo todo.

¿Y la voz de la ciudadanía que también hace veeduría al Estado? ¿De qué manera un archivo nacional les da un lugar a los documentos que produce la ciudadanía?

AM: Mire, desde el primer día de la conquista española a estos territorios, los soldados que pasaron empezaron a presentar a los cabildos y a la Real Audiencia unos documentos que se llaman Representaciones quejándose y pidiendo remedio y justicia. Buena parte de lo que yo tengo aquí son representaciones de vasallos de Su Majestad y luego de ciudadanos de Colombia; documentación que recibieron las Secretarías de Estado o la Real Audiencia o el Virrey, y luego el copiador de la manera como ellos respondían.

O sea, ¿qué es lo que el Estado recibe diariamente? Una cosa que hoy llamamos Derechos de Petición, pero antes se llamaba una Representación. El Estado se pone en acción por eso. Yo hoy en día estoy obligado por ley a contestar todo. Cualquier locura que me llegue, ya para mi es un Derecho de petición así no lo diga, y estoy obligado a contestarlo. Entonces a mi el día se me va contestando a ciudadanos. Por lo tanto los ciudadanos determinan la vida de un funcionario. Pero así fue desde el primer día. Todas las leyes de España se dieron como respuesta a una Representación que llegaba de cualquier lugar de Las Indias. Allí están los documentos de los ciudadanos hablando. Aquí está la voz de todo el mundo que pasó por aquí pidiendo algo. La historia oficial… no hay historia oficial. Es la historia de los ciudadanos hablando y pidiendo remedio. Eso es lo que yo tengo aquí.

Los archivos públicos tienen un ciclo vital en el que se decide qué se conserva y qué no. ¿Cuáles son los criterios para elegir lo que se destruye? ¿Y cómo se hacen dinámicos estos criterios para evitar una selección sistemática de los documentos que deben desaparecer?

AM: Depende. Una tabla de valoración normalmente la hace un historiador. El historiador tiene que pensar qué será útil en 200 años y dice “Eso no se puede destruir”. Por ejemplo, todo lo que es misional no se puede destruir. Hay una parte que se llama de selección múltiple. Entonces yo digo “mire, yo tengo aquí diez mil recibos. Yo no puedo conservar diez mil recibos. Voy a hacer una muestra representativa” y él aplica un criterio y un procedimiento para dejar esa muestra. Y hay una parte que consideran que puede ser destruída ¿Por qué? Porque puede demostrar que esa parte quedó consignada. Se puede eliminar lo que son copias. Eso digamos es la norma general de una tabla de valoración documental. Se establecen las series, las subseries y se le pone tiempo.

Entonces eso lo hace un historiador. No lo hace un político. Un político nunca organiza un archivo. Lo hace un historiador con un archivista. Eso se hace mediante una tabla de valoración. Ahora, la parte que se destruye tiene que haber un acta de que fue destruído. Eso digamos en términos generales.

Pero hoy en día en Colombia tenemos un tipo de archivos que no se puede destruir ni un papel porque nosotros aprobamos un protocolo de archivo de derechos humanos. Dijimos “aquí en 60 años ocurrieron muchas maldades”. Hay archivos que permiten reconstruir eso. Esos archivos se catalogan como de derechos humanos y el protocolo dice que de esos no se puede destruir nada.

Las redes sociales son contenedoras y reproductoras de muchísima información que también es susceptible de ser historia de la nación, como las declaraciones que hacen los políticos en Twitter. ¿Cómo tiene ahora en cuenta la archivística esos formatos que aparentemente son efímeros pero no lo son porque quedan guardados en las bases de datos de este tipo de empresas?

MA: Mira, estamos hablando de archivos privados. Lo que Uribe tuitea, eso es privado. Lo que hacen los partidos políticos es privado. Lo que hace usted es privado. Yo no me puedo meter en eso. Yo solamente puedo manejar lo público. Entonces, nosotros no hacemos nada por lo privado. Ahora, estamos hablando de millones y millones y millones de archivos electrónicos que circulan por Twitter, por correo electrónico o por Whatsapp.

En Colombia nadie los está almacenando. En los Estados Unidos lo hace la Agencia Nacional de Seguridad por motivos de seguridad. O sea, todo lo que yo twitteo, mis correos electrónicos, los está almacenando una agencia norteamericana de seguridad con el fin de tener información sobre lo que yo hago. Colombia no está haciendo eso, ni tiene la capacidad técnica ni financiera para hacer eso.

Si usted quiere saber vaya a esa agencia de seguridad y diga “quiero que me den una copia mis correos electrónicos”. A ellos les vale 5 la privacidad. Es más, ellos han puesto en peligro de quiebra a las grandes empresas multinacionales de Software. En Estados Unidos hoy, 2 de cada 4 norteamericanos borraron la cuenta de Facebook a partir del escándalo. Y todo el mundo sabe que a Twitter y a esas empresas las intervinieron los hackers rusos. Entonces una persona prudente, como yo, borro las cuentas en toda esa vaina, porque yo sé que eso termina en manos de la seguridad norteamericana.

Pero Colombia, que no tiene vocación imperial, que es apenas un paisito sin ninguna pretensión de dominio mundial no gasta plata en eso. Solamente la información que le interesa para la seguridad nacional pero de sus propios ciudadanos, aunque no tiene la sofisticación de agarrar todos los tuits. Eso para nosotros como archivo nacional se perdió.

Ahora la pelea es el derecho a la privacidad de los datos. O sea, el ciudadano tiene que decir “yo sé que ustedes me están viendo. Gran hermano. Yo lo que necesito es que ustedes me pidan permiso”. Hace más o menos 25 años, cuando yo era jovencito, hubo un gran escándalo porque la Registraduría del Estado Civil, corrupta, le vendió a una agencia de seguridad norteamericana toda la base de datos de los que habíamos sacado cédula. El servicio de registraduría de Venezuela y el carné de la patria lo hacen los cubanos y eso se maneja en La Habana. En La Habana tienen el control de todos los venezolanos que tienen en carné de la patria o cédula de ciudadano venezolano. Porque Cuba sí tiene una pretensión imperial. Entonces el problema ahora es entre el ciudadano y los grandes servidores.

Según uno de los títulos de la Ley General de Archivo, los ciudadanos tenemos derecho a que nos saquen copia (física) de los documentos públicos, pero esa noción de copia cambia con los dispositivos digitales. ¿Cómo están manejando la jurisdicción en este sentido?   

MA: Hoy en día tenemos una ley que se llama Ley de transparencia de la administración pública y acceso ciudadano a la información. Esa ley me dice que toda documentación que yo genere como empleado público es pública desde el primer día. Todo lo que yo firmo hoy me lo pueden pedir mañana mismo. Todos los documentos de públicos son de libre consulta y reproducción. Pero la ley previó algunas excepciones. Primero: si es documentación que tenga que ver con la seguridad del Estado, Fuerzas Militares, inteligencia, DAS, tiene una reserva de 30 años. A partir de los 30 años se acaba la reserva. Y hay algunos documentos de las instituciones que tienen alguna reserva porque son borradores o cosas que no han cuajado. Por ejemplo: una discusión interna. Eso no ha cuajado una decisión. Es privado. Pero, yo tengo que hacer un listado de aquellos documentos que tienen reserva institucional y lo tengo que publicar en la página web.

Si tu miras mi página web, yo tengo una lista de los documentos que son reservados y el ciudadano tiene que saber en la página web cuáles son. Algunos de esos documentos son los del extinguido DAS. Tan reservados que ni yo mismo los puedo ver hasta dentro de 30 años. Entonces cada institución debe declarar que “hay una parte de mis archivos que está reservada por tanto tiempo”. Y lo que no esté declarado en la página web, es público.

¿Y no hay una excepción que permita abrir esos documentos reservados cuando es el mismo Estado el que pone en entredicho la seguridad nacional?

MA: Claro. Es decir, los documentos reservados de cualquier institución se pueden abrir por mandato judicial. Yo tengo aquí los archivos del DAS que yo no puedo ver, pero diariamente doy servicio, solamente a los que me traen mandato judicial. Jueces y fiscales. Y ahora la JEP y Comisión de la verdad. Entonces todos los archivos reservados se pueden abrir por mandato judicial, o sea, a operadores judiciales. No a los ciudadanos.

Y hay otra excepción. Todos los estados del mundo, tienen archivo de inteligencia, de contrainteligencia, y de gastos reservados para la seguridad. Carlos Andrés Pérez [ex presidente de Venezuela] tenía 10 millones de dólares de gastos reservados. Chávez tuvo 2500 millones. Colombia, como cualquier estado decente, también los tiene. Pero, hay un señor maravilloso, que yo quiero mucho porque es mi paisano, que se llama Alejandro Ordóñez, que aquí lo odian porque tuvo la mala fortuna de creer en Dios y no ser ateo como yo. Cuando Alejandro Ordóñez fue procurador general de la República, hizo una cosa increíble. Logró meter la mirada de la procuraduría delegada en los gastos reservados del Estado, algo que no lo tienen ni los Estados Unidos, ni Venezuela. O sea, la procuraduría puede ver los gastos reservados del Estado Colombiano. Eso se lo debemos a Alejandro Ordóñez. Y es único en Suramérica.

Retomando el tema del acceso ciudadano, entiendo que la Ley General de Archivo multa a los archivos públicos cuando no hacen bien su gestión documental. ¿Cómo funciona esto?

MA: Sí. Yo soy operador judicial en materia de archivos. Yo tengo un grupo de inspección y vigilancia que va a ver si se cumple la ley de archivos en cada lugar del país siendo públicos. ¿Cómo me entero yo de que un archivo no cumple la ley? Me lo reportan las contralorías municipales y departamentales. A mi me llegan los hallazgos. Yo mando la gente y ordeno que se haga un plan de mejoramiento. Si no lo hacen, yo aplico multas diarias. Yo he sancionado 2 gobernaciones, 1 Ministerio y 9 municipios. La ley se está cumpliendo.

Ahora, lo que pasa es que el desarrollo de las leyes no es uniforme en todo el país. Si usted va por ejemplo a La Guajira, y pregunta “¿esta ley por qué no se ha cumplido aquí?” le van a decir “No, esa ley sí la conocimos pero aquí no pegó”. Es decir, los mismos funcionarios se resisten a aplicar la ley. Pero ¿a quién le corresponde? A las contralorías.

Sí, a mi me causa curiosidad porque es un tema de infraestructura. Todos los archivos públicos deberían tener la capacidad de disponer la información digitalizada.

MA: Sí, porque vamos a un gobierno abierto, que significa que toda la documentación tiene que ser electrónica.

Exacto, pero a diferencia del Archivo General, el Archivo Central de Medellín no cuenta con un sitio web donde uno pueda consultar la información. Sin embargo, sí se maneja (aparte de otros) un software privado que se llama Royal de una empresa bogotana que tiene el mismo nombre. A Royal sólo tienen acceso los funcionarios públicos. Es decir, se niega el acceso público a la información.

Y bueno, mi pregunta con toda esta introducción va a que, ¿si el Archivo General tiene una infraestructura “digital” tan buena, ¿por qué el código de desarrollo de esta plataforma no es compartido con todo el sistema y la red nacional de archivos públicos para que los demás entes puedan replicar esta plataforma y hacer una “mejora automatizada” su gestión, ya que, al igual que los documentos, las infraestructuras también se pueden licenciar como públicas o privadas?  

MA: Es muy sencillo. Yo tengo aquí una dirección de sistemas, documento electrónico y preservación digital, que la sirven ingenieros muy calificados. Pero esos ingenieros no son desarrolladores de software. Entonces desde los primeros año el AGN compra el software. Y lo está comprando desde los primeros tiempos al dueño que es El Corte Inglés. Y para comunicaciones tenemos uno que se llama Indenova, que también es español. Cuando yo compro una licencia de software, es solamente para mi.

Son de empresas privadas. Yo compro la licencia. Yo tengo que pagarla anualmente. Y yo no la puedo transferir, porque hago un delito. Entonces yo no puedo transferir mi software porque no es mio. Usted dirá “¿y por qué usted mismo no tiene su software?”

¿O uno con licencias libres?

AM: Le voy a contar algo. Yo me crié en los archivos usando un software libre que se llamaba ISIS que lo regalaba y desarrollaba UNESCO. Luego migramos a Winisis. Y ya llegó un momento donde tenía que ser, en la página web, que UNESCO no avanzó más. Aquí todas las bases que tenemos en ISIS están obsoletas porque paró el desarrollo de ese software libre.

Hoy en día tenemos que migrarlos a Excel para salvar esa información. Entonces no hay software libre para manejar este tipo de archivos. Por eso tuvo que desarrollarlo El Corte Inglés. Yo cuando llegué aquí pensaba que El Corte Inglés nos explotaba, y que quizá era un software malo. Pero luego me di cuenta que los archivos de la KGB los abrieron y usaron El Corte Inglés. Colciencias y el MINTIC acaban de hacer un contrato con Indenova. El MINTIC le compró a Indenova una licencia para distribuirla gratuitamente en una cantidad de instituciones nacionales. Y yo cuando llegué aquí, yo dije “¿Y nosotros por qué carajos no tenemos nuestro software propio, si tenemos ingenieros? Y me dijeron: “Porque los ingenieros son seres humanos”. Si yo desarrollo un software AGN (Archivo General de la Nación) con un código que es privado, porque yo lo pagué, quedó en manos de ese ingeniero. Si el ingeniero se va de aquí, me jodo.

Igual pasa con las otras empresas privadas si se acaban…

AM: Si yo contrato con una empresa, a mi no me importa qué ingenieros cambiaron, la empresa me lo da, y el día que no me lo de, me cambio a otra empresa. Las empresas privadas son las dueñas de los códigos. Es decir, es como lo que le pasó a la oposición con el sistema electoral venezolano: “Quiero acceso a los códigos del sistema electoral” No se puede. Eso es privado.

El hijo de Susan Sontag tiene un libro que se llama Elogio al olvido, y habla de por qué en algunas sociedades es más sano hacer un olvido colectivo que aferrarse a la memoria para asumir el presente. ¿Qué piensa usted de eso?

MA: Pues mira, hay un derecho a la memoria. También hay un derecho al olvido. Una nación para poder vivir, han dicho los grandes historiadores, necesita olvidar y necesita recordar. Es igual que en la vida personal.

En la historia de Colombia hay cosas que hay que olvidar y otras que hay que recordar. Los historiadores nos esforzamos por traer a la memoria, con nuestras representaciones, cosas que creemos que se deben recordar. Pero resulta que el recuerdo es construido y se puede construir con buenas fuentes tratando de que sea una comprensión profunda de qué pasó. Pero el recuerdo también se puede construir politizado, actualizado, para servir intereses del momento político o económico. La memoria siempre es interesada. La personal y la social. La historia se hace con fuentes. Y hay que ponerlas en pie de página. Todo lo que yo digo como historiador tengo que soportarlo con una fuente. Yo me juego en mi interpretación, pero tengo que demostrar sobre qué documento estoy interpretando. La memoria personal no tiene documentos, por lo tanto usted puede inventar todo lo que quiera.

En Colombia se ha manejado desde hace muchos años un concepto que se llama la deuda histórica y se ha usado políticamente para tener beneficios económicos. Entonces todo mundo inventa una deuda histórica de algo que yo no hice, que supuestamente hicieron mis antepasados. Y fueron allí a pagar deudas que no son mías sino de unos supuestos antepasados. Y piden casa, carro y beca por una deuda que yo no tengo. Eso determinó parte del articulado de la Constitución de 1991. Y me lo he pasado yéndome hasta el día de hoy, deudas históricas que hay que pagar. ¿Yo por qué tengo que pagar unas deudas que no son mías?

Todos en Colombia podemos inventarnos un agravio. Y podemos pedir reparación por una deuda. Pero ¿por qué tenemos que pagarlo los que no hicimos nada? Y los que lo hicieron están muertos y no se les puede cobrar. Entonces la memoria en Colombia ha sido usada para muchas vagabunderías. Y se seguirá usando hasta que no paren este cuento de la deuda histórica de la memoria. Y mucha gente está medrando de la deuda histórica. Y no solamente empezaron los indios y luego los afrodescendientes. Ahora ya el Casanare. Yo voy a inventarme una deuda Guane, santandereana para pedir que me paguen mi deuda. Pero todo es mentira.

Es que todo el mundo vive inventando. Entonces que hay que proteger a los afro descendientes…Es que toda la humanidad es afrodescendiente. El hombre no se inventó en América. Entonces que nos paguen a toda la humanidad. ¿A quién le cobramos?. No hay nadie que sea puro.